Propostas que formula a Área Pública da CIG para a Mesa Xeral de Negociación das administracións públicas en materia de emprego público e condicións de traballo

Carta remitida á Ministra de Política Territorial e Función Pública

Compartimos a carta "en español" que diriximos a Área Pública da CIG á Ministra de Política Territorial e Función Pública.

Sra. Ministra:

Desde la CIG nos dirigimos a Vd. desde nuestra condición de sindicato más representativo entre las personas empleadas públicas en Galicia. Nuestra línea sindical está marcada por la defensa a ultranza de las condiciones laborales de las personas empleadas públicas y de unos servicios públicos universales y de calidad.

La necesidad de estos servicios públicos universales y de calidad ha quedado patente de una manera nítida durante los momentos más críticos de la pandemia del Covid 19. Nuestra reiterada demanda por la eliminación de cualquier porcentaje de tasa de reposición para poder paliar la alarmante temporalidad instalada entre las personas empleadas públicas y la constante privatización de servicios públicos esenciales, es ahora más necesaria que nunca. Es necesario fortalecer la estructura que sustenta la posibilidad de acceso en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía a necesidades básicas como son la sanidad, la educación y la atención a personas dependientes. Es tan evidente que a lo único a lo que la sociedad puede recurrir en una situación de alarma sanitaria son los servicios públicos, que hasta los adalides de la privatización y la precarización (como el presidente de la Xunta de Galicia) se apuntan ahora a esta petición.

La tasa de reposición de efectivos, utilizada por distintos gobiernos estos últimos 10 años con el argumento de reducir el gasto público, solo ha servido para desmantelar los servicios públicos, introducir la lógica del mercado y el beneficio privado en la atención a las necesidades básicas de las personas y para precarizar las condiciones laborales de las personas empleadas públicas, empezando por la inestabilidad laboral.

Consideramos necesaria la elaboración de un plan de choque para la consolidación de unos servicios públicos lo suficientemente robustos para que no dependan de la voluntad cambiante de los dirigentes políticos de cada administración, que permitan asegurar el acceso universal a los mismos en igualdad de condiciones y que transmitan a la ciudadanía una sensación de seguridad que en la actualidad no percibe. Desde la CIG conminamos al actual gobierno a que asuma su responsabilidad de devover la credibilidad en lo Público frente a la lógica del mercado. Demandamos la elaboración de una normativa básica que blinde los servicios públicos, impidiendo la privatización de los servicios esenciales y eliminando la tasa de reposición, lo que permitiría  la adecuación de las RPTs a las necesidades reales de los servicios y unas OPEs que abordaran de una manera real la consolidación del empleo precario acumulado por años de precariedad y fraudes.

En lo que se refiere a condiciones de trabajo de las personas servidoras públicas, de manera reiterada desde la CIG-Área Pública venimos demandando que se deroguen los Reales Decretos-Ley que se nos fueron imponiendo al personal de las administraciones públicas desde el año 2010 por los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP, a saber: RD-Ley 8/2010, por lo que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público; RD-Ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria y tributaria para la corrección del déficit público, RD-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Demandamos también que se derogue toda la legislación que nos fue impuesta por el Gobierno del Estado relativa a reformas laborales, reforma de la negociación colectiva, modificaciones de las pensiones, etc., que implican la supresión de importantes derechos laborales y salariales arrebatados al personal empleado público en este período con el pretexto de la crisis.

A partir de estas premisas deberíamos iniciar la senda de la recuperación y actualización de las condiciones laborales de las personas empleadas públicas,  la recuperación del poder adquisitivo perdido (pasando por desvincular los incrementos salariales de PIB) y la negociación de las condiciones en que se ha de implantar el teletrabajo.

Desde la CIG queremos trasladarle nuestra disposición a negociar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en lo concerniente a las condiciones salariales y laborales de las personas empleadas públicas, por lo que esperamos tener la oportunidad de sentarnos a negociar de buena fe, dando por superado el II Acuerdo de Mejora del Empleo Público alcanzado entre el anterior gobierno del Partido Popular y los sindicatos  CC.OO, UGT y CSIF. del que, como seguramente ya sabrá, la CIG no es sindicato firmante. La realidad es tozuda y dura; el actual gobierno del estado no puede aprovecharse de unos acuerdos firmados entre algunas organizaciones sindicales y un gobierno moribundo y podrido por la corrupción, apoyado por organizaciones políticas distintas a las que hoy sustentan al Gobierno del Estado. No puede pretender perpetuar la agonía de esos acuerdos que ya en el momento de su firma significaban la aceptación de un sistema de gestión pública perverso, que ha quedado en evidencia ante la crisis del Covid 19.

Manifestamos también nuestra entera disposición a negociar la reglamentación del teletrabajo en la prevista modificación del Estatuto Básico del Empleado Público anunciada por Vd. en la videoconferencia que mantuvimos con usted , como sindicato más representativo en Galicia.

Acompañamos adjunto un documento en el que figuran las propuestas de la CIG-Área Pública, con propuestas concretas que deben servir de base a la negociación de las medidas en materia de empleo público y condiciones de trabajo del personal al servicio de las Administraciones públicas para los próximos años.

La CIG no puede renunciar a estas justas reivindicaciones, por lo que demandamos del Gobierno del Estado y de las distintas AA.PP. que reconozcan el esfuerzo soportado durante la crisis por las personas empleadas públicas y restituyan los derechos y las condiciones de trabajo suprimidos, en lugar de convertirlas en víctimas permanentes de unas políticas públicas contrarias a los intereses de la clase trabajadora en general y de las personas empleadas públicas en particular.

Quedamos a su disposición. Reciba un cordial saludo.

 

Galicia, septiembre de 2020

POR LA CIG- ÁREA PÚBLICA

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